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Programa Candidato Constituyente Pablo Amat

Este programa está destinado a enunciar de manera simple, lineamientos que esperamos que la nueva Constitución recoja.

 

¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA, REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA?

CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA

 

Vivimos en tiempos de “Emergencia climática y ambiental”, en donde nuestra actividad está sobrepasando la capacidad de la tierra de regenerarse, y en donde no hemos sido capaces como país de cumplir con compromisos internacionales de reducción de nuestra huella ecológica. De hecho, Chile fue el primer país latinoamericano en entrar en “sobregiro ecológico”, agotando ya en el mes de mayo, los recursos naturales disponibles para todo el año 2020.

Los efectos del cambio climático operan en una reacción en cadena, en donde no sólo se ve afectada la naturaleza y biodiversidad, sino que también trae aparejadas consecuencias económicas y humanas. A estas alturas es evidente que un entorno deteriorado tendrá costos que impactarán la economía. De esta manera, a largo plazo no se contraponen, sino que hay una estricta relación, entre lo que es el cuidado al medio ambiente y nuestro desempeño económico, donde es fundamental tomar medidas preventivas para evitar futuros desastres (ecológicos y económicos). Por ello es imprescindible buscar una relación armónica entre sociedad y medio ambiente, un nuevo paradigma, que permita brindar mayor protección y equilibrio entre los intereses económicos y el cuidado ambiental. Es deber del Estado y de los ciudadanos proteger el Medio Ambiente.

 

Nuestra Constitución y legislación ambiental tiene actualmente una mirada absolutamente antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano, donde sólo se protege el medio ambiente si es que hay un derecho o interés de una persona en particular que se ve afectado de forma directa. Y hay una visión de separación absoluta entre el humano y la naturaleza, la cual se trata simplemente como mercancía, un objeto de apropiación y explotación.

 

Es de vital importancia (literalmente hablando) avanzar hacia una mirada ecocéntrica del medio ambiente, consagrando una acción popular que permita que cualquier persona pueda solicitar a Cortes que revisen si se ha afectado derecho a un medio ambiente sano. Vale decir, consagrar a la naturaleza como sujeto de derechos, de forma de poder proteger lugares prístinos alejados de actividad humana, independiente si hay un derecho o interés de alguien afectado de forma directa.

Esta es una gran oportunidad de tener una Constitución moderna que se adelante a los desafíos ambientales del futuro, asegurando acceso a recursos vitales, logrando satisfacer necesidades básicas, pero permitiendo la protección, preservación, conservación y restauración ambiental.

 

Derechos de la Naturaleza y Acción Popular

El consagrar derechos de la naturaleza no significa decir que la naturaleza es una persona, sino que tiene como fin brindar mejores posibilidades de protección. Reformular teoría de los sujetos de derecho, permitirá que cualquier persona tenga posibilidad de iniciar procedimientos judiciales o administrativos, para prevenir o hacer reparación de posibles daños ambientales. Avanzar hacia que se respete integralmente el medio ambiente, su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Actualmente, para interponer un Recurso de Protección destinado a proteger el medio ambiente, se necesita acreditar que tengo un interés actual y directo afectado, por lo mismo se ha fallado que las personas jurídicas u ONG (como Greenpeace) no pueden interponerlo directamente al no verse afectadas en sí mismas, y se necesita acreditar que habito en el entorno adyacente al lugar que quiero proteger. El asegurar a la naturaleza en sí misma como sujeto de derechos y contemplar una acción popular para protegerla, permitirá que todos – ONG incluidas – podamos solicitarle a la Corte que revise si se ha afectado el derecho a un medio ambiente sano, y así proteger lugares despoblados (prístinos, donde no vive nadie) y lugares respecto del cual no tengo un interés directo afectado, pero sí un interés en proteger su biodiversidad.

 

Acción de Protección

No hay controversia en cuanto a que efectivamente nuestra Constitución actual brinda una total preponderancia y supremacía al derecho de propiedad, al punto que ha sido a través de este derecho que se ha logrado proteger otros derechos mediante el recurso de protección. Efectivamente, la Constitución del 80 no permite interponer el recurso de protección respecto de todos los derechos consagrados en ella, sino solo algunos, situación que debe ser corregida en la nueva constitución, consagrando una acción general que tutele todos los Derechos Fundamentales, tanto de rango constitucional como aquellos establecidos en Convenciones Internacionales.

Si bien la Constitución actual permite limitar el derecho de propiedad con el fin de conservar el medio ambiente, es importante equilibrar mejor estos dos derechos, inclinar la balanza hacia una protección más fuerte del medio ambiente, de manera de avanzar hacia un desarrollo sostenible y cumplir las metas ambientales que los Estados se han fijado.

 

Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado

La actual Constitución contempla un “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, sin embargo, sabemos que hay formas de dañar la naturaleza que no implican necesariamente una contaminación propiamente tal. Hay que avanzar hacia una consagración más amplia de un “derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, tal como se consagra en tratados internacionales. De esta manera, nos ponemos en línea con toda la jurisprudencia y doctrina internacional que trata este derecho. Asimismo, los tratados internacionales contemplan una serie de principios ambientales de vital importancia.

 

Principios y Bases de la Institucionalidad Ambiental

Consagrar principios ambientales a nivel constitucional permitirá adecuar nuestra legislación y sentencias judiciales a criterios que la comunidad internacional ha establecido respecto del cuidado del medio ambiente. Incluso, los Jueces van a interpretar normas no ambientales a la luz de estos principios y deberes.

El Principio Precautorio señala que en casos de peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta acerca de que se producirá este resultado, no puede ser motivo para no aplicar medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente. Ello permite que en caso de un proyecto o actividad potencialmente dañina al medio ambiente, la carga de la prueba sobre su peligrosidad recaiga sobre quien lo emplea, debiendo éste demostrar que no producirá un daño al medio ambiente y aplicar medidas preventivas para evitar este daño. Debe preferirse el cuidado del medio ambiente, aunque no haya certeza absoluta que dicho daño ocurrirá (In dubio pro natura). Ahora bien, de generarse daños o contaminar el medio ambiente, rige el principio de que “el que contamina paga”, debiendo buscar reestablecer y restaurar el ecosistema dañado lo más cercano a su condición original. Lo anterior se verá reforzado con Principios como el Solidaridad, ya sea solidaridad Inter e Intrageneracional (entre generaciones y a generaciones futuras), Interespecies (entre todas las especies) e Interterritorialidad (lo que pasa en un territorio, afecta ese territorio, pero también a todo el resto, a distintos ecosistemas y a humanidad). Debemos ser solidarios y empáticos con quienes vienen después, con quienes cohabitan con nosotros y con los otros territorios (especialmente aquellas zonas más vulnerables, llamadas también “zonas de sacrificio”). Entender al Territorio como algo mucho más complejo que líneas geográficas que determinan los límites geográficos donde el país ejerce soberanía; sino como un espacio donde convivimos y coexistimos muchas formas de vida, bióticas y abióticas (montañas, agua, glaciares) relacionándose. Son sistemas complejos en donde se desarrollan distintas formas de vida, incluida la nuestra. Y nosotros como seres humanos dependemos de esas otras formas de vida y que estas estén bien conservadas, vale decir, de la estabilidad de los territorios en toda su complejidad. Hay una Interrelacionalidad y Reciprocidad entre las distintas formas de vida que cohabitan en el territorio, el cual es soporte de la vida. Para poder vivir en bienestar, lograr un buen vivir y también poder garantizar el resto de nuestros derechos humanos: derecho humano al agua, salud, vida, cultura; todo ello, depende de la conservación del medio ambiente. El principio de Buen Vivir, tiene su origen en los pueblos indígenas latinoamericanos, y es más bien una manera de entender la vida, comprendiendo que las necesidades que determinan la calidad de vida, no son sólo materiales, sino también espirituales y deben beneficiar no solo al ser humano en su plenitud, sino también al ecosistema del cual depende. La Justicia Ambiental, como dimensión de la Justicia Social, tendrá como fin la repartición equitativa de bienes y cargas ambientales. Ello tanto en evaluaciones de proyectos de inversión, en instrumentos de planificación territorial, como en medidas de transición justa y reparación de comunidades en zonas de sacrificio.

Entre varios cursos de acción, los órganos del Estados deberán obrar por la protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, el Estado deberá abstenerse de subsidiar actividades ambientales destructivas.

 

Biodiversidad y Áreas Protegidas

Proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, de la tierra, con especial atención en biodiversidad. Deberá establecerse el rol del Estado sobre los recursos naturales y la gestión que este tiene, sobretodo frente a recursos explotables como minería, pesca e industria forestal. El Estado tiene la propiedad absoluta, exclusiva, inalienable, imprescriptible e inembargable de los Recursos Naturales, y respecto de los recursos estratégicos, debe garantizar su aprovechamiento público, conservación, uso responsable y explotación orientada al interés común. Deben reconocerse Bienes Comunes - tales como el agua, el mar, riberas, funciones ecosistémicas, glaciares, entre otros - que no son de nadie, son de todos, y respecto de los cuales se permita satisfacer necesidades fundamentales antes que se utilicen para otros fines. El Estado debe procurar dejar atrás aquellas fuentes de energía contaminantes, garantizando acceso igualitario a fuentes de energías limpias.

La Nueva Constitución deberá hacer mención a Organismos Genéticamente Modificados (OGM), cambio climático, y otros desafíos ambientales que deparan a futuro.

Además, nuestra Constitución debe consagrar una posibilidad real de realizar una Preservación del Medio Ambiente, dejando lugares - con especial interés en su protección - intactos a la actividad humana, mediante el establecimiento de Áreas Protegidas. En estos lugares no se podrán explotar sus recursos naturales con fines comerciales, y modificar sus límites debe ser materia de ley, tal como lo exige la Convención de Washington. Si bien existen áreas protegidas actualmente, en la práctica se permite en ellas la realización de actividades económicas y dañinas al ecosistema, tales como proyectos mineros, hidroeléctricos, salmoneras, entre otras.

Las Naciones Unidas ha advertido que tenemos 10 años para salvar la biodiversidad terrestre, es imprescindible adoptar medidas más efectivas.

 

Derecho Humano al Agua

Acceso universal priorizando el consumo humano. La Ley establecerá prioridades de uso, condiciones para adquirir, ejercer y caducar derechos de agua; debiendo eliminarse claramente la mención actual que se hace a la propiedad del agua en el artículo 19 Nº24.  

 

Sabemos que el agua es un elemento esencial para la vida, y no simplemente un objeto transable económicamente, pero ¿Qué es el agua para nuestro ordenamiento jurídico Chileno? ¿Menciona el agua nuestra Constitución actual?

La Constitución vigente sí hace mención del agua, pero no para consagrarla como derecho humano, garantizar su acceso o velar por su estabilidad, sino que la menciona como parte de otro derecho, el derecho de propiedad, señalando en el artículo 19 Nº24 inciso final que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Es esta mención la que ha hecho que todo intento de modificar el Código de Aguas de 1981, sea calificada de inconstitucional.

Por su parte, el Código de Aguas de 1981, si bien consagra el agua como un bien nacional de uso público, en la práctica la regula como un bien económico, privatizando a perpetuidad las aguas del país. El Estado concesiona gratuitamente la propiedad del agua, en forma de derechos de aprovechamiento a los privados que lo soliciten. Adicionalmente, la ausencia de una planificación de las concesiones y de un catastro oficial de las cuencas y caudales, ha llevado al Estado a conceder derechos muy por sobre la existencia real del recurso. El agua está muy mal distribuida. Hay regiones donde abunda y otras en las que es un lujo. El cambio climático y una demanda de agua muy por sobre el caudal disponible, ha provocado que nos encontremos en una profunda crisis de escasez hídrica. Algunas cifras para contextualizar:

♻  De 29.001 titulares que poseen derechos de agua consuntivos, el 1% tiene el 79% del volumen total de derechos de agua disponible.

♻ El 98% del agua es utilizada para usos industriales, agrícolas, forestales y mineros, mientras el 2% restante del agua es para el consumo de la población

♻ Hoy en Chile hay más de 380.000 viviendas rurales sin acceso a agua potable (un 47,2% de la población rural).

♻ Además, uno de cada trece Chilenos se abastece con camiones aljibes, donde el gasto en los últimos 5 años ha sido de 150 mil millones de pesos (equivalente a 9 hospitales).

 

Incluso el Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, ha sostenido que “la crisis hídrica ha llegado para quedarse”. La Escasez Hídrica, no solo se refiere al fenómeno metereológico de la sequía por falta de lluvias, sino que se vincula también con las decisiones que se toman respecto del uso del agua. Según la OCDE, hacia el 2050 más del 40% de la población mundial vivirá con estrés hídrico severo. El actual patrón de consumo es insostenible. Desde 1950 hasta el 2008, su utilización se ha triplicado, pero las fuentes de agua han disminuido considerablemente. Sin mecanismos regulatorios adecuados a la realidad Chilena, el mercado del agua presenta un peligro para la subsistencia en Chile.

 

Por ello, se debe establecer el acceso al agua para el consumo humano, como prioridad en su utilización, reforzando el control público que el Estado debe dar al vital elemento. El agua es un derecho humano, un bien nacional de uso público y es una obligación preservarla limpia para su consumo. Es imperioso velar por la estabilidad de las cuencas y la salud de los sistemas de los ríos, e impedir su sobreexplotación.

En definitiva, consagrar un DERECHO HUMANO AL AGUA es esencial para nuestra supervivencia.

 

Derechos Animales

Cambiar y mejorar la calidad o estatus jurídico que los animales tienen actualmente, como objeto o bien mueble, pasando a ser reconocidos como seres sintientes, haciendo remisión a ley para que establezca mecanismos de protección. Los animales nunca han estado mencionados anteriormente en ninguna Constitución anterior. Por otra parte, nuestro Código Civil, escrito por Andrés Bello en 1855, los trata jurídicamente como cosas o bienes muebles, donde el propietario tiene amplias facultades sobre los “objetos” susceptibles de su apropiación. Si bien hemos avanzado en cuanto a definir la tenencia responsable de mascotas ¿Qué pasa con el resto de los animales? Consagrarlos en la Constitución es un comienzo, abrir una puerta, para un trato más digno de los animales, como deber del Estado.

 

Lineamientos de Acuerdo de Escazú

Contemplar Medidas de Protección de activistas y defensores de derechos humanos y naturales, acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, con enfoque en grupos en situación de vulnerabilidad; objetivos buscados en el Acuerdo de Escazú que se pueden consagrar constitucionalmente. Estos derechos de acceso, junto con la acción popular, permitirán incidir en la toma de decisiones y democratizar como accedemos a la justicia y protegemos medio ambiente.

CONSTITUCIÓN REPRESENTATIVA

 

Para que una Constitución sea realmente Representativa, todos/as tenemos que ser parte y estar reflejados en ella, dando cuenta de nuestra realidad y diversidad. Para ello, sectores históricamente excluidos - tales como las mujeres, niños niñas y adolescentes, pueblos originarios, migrantes, diversidad sexual, personas con discapacidad, animales, cultura, etc - que no tienen cabida adecuada o mención alguna en nuestra Constitución actual, deben estar incluidos.

Por siglos han convivido en el territorio que hoy se conoce como Chile, Naciones con formas de vida y concepciones del mundo distintas. No sólo no hemos reconocido constitucionalmente esta diversidad, sino que muchas veces nuestras leyes y políticas públicas van contra de su cosmovisión y formas de vida comunitaria, aplicando políticas de asimilación forzada, en vez de permitirles desarrollarse de acuerdo a sus propias prioridades. La concepción que los pueblos originarios tienen de la tierra y territorio, excede con creces a la noción de propiedad individual imperante en nuestro modelo de desarrollo. Su vinculación íntima, espiritual y cultural con sus territorios, provoca que lo que está en juego al reconocerlos Constitucionalmente y proteger dichos espacios, es asegurar su propia supervivencia como pueblo, de sus conocimientos y estilo de vida. La Constitución actual señala que somos un país Unitario, con UNA cultura y UNA Nación, lo cual es claramente una ficción que no admite excusa. Somos el único país latinoamericano que no reconoce constitucionalmente a sus pueblos originarios.

 

Por otro lado, una Constitución Representativa debe recoger el auténtico sentir de sus ciudadanos y aquella visión de sociedad que quieren construir. Nuestra ciudadanía ha estado extraordinariamente activa, movilizándose (sobretodo en la última década) con demandas que le gustaría ver recogidas. Ha detectado y vivido en carne propia cómo muchos de los derechos consagrados en la Constitución, distan de tener una lógica de derechos. El sistema de pensiones AFP, no tuvo como finalidad principal el asegurar que sus afiliados puedan vivir de sus ahorros, sino que más bien sirvió para generar un rentable negocio y aportar una gran inyección financiera al sistema económico. Las ISAPRES, obran como seguro de salud que no responde a las necesidades médicas de sus cotizantes, sino que brindan prestaciones proporcionales al pago del afiliado, y aún así con cláusulas excluyentes y letra chica.

 

No podemos perder esta oportunidad para avanzar hacia aquellas demandas, cambios sociales, reconocimientos pendientes, y avanzar en consagrar los derechos fundamentales de manera adecuada y efectiva.

 

Estado Plurinacional, Intercultural

Consagrarnos como un Estado Plurinacional, Intercultural, con Naciones con derecho a participar libremente, decidir su propio destino y desarrollo, de acuerdo a sus propias cosmovisiones. Reconocer por primera vez en nuestra Constitución a nuestros pueblos originarios, su organización social, sistémica, instituciones, medios de supervivencia, economía, cultura, derechos al territorio y autodeterminación (todos derechos consagrados en Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por Chile, pero no reconocidos en la práctica por nuestra legislación). Reconocer lenguas indígenas como lenguas oficiales. Eliminar diferencias discriminatorias e incorporar asimismo la cosmovisión y aproximación a la naturaleza de nuestros pueblos originarios.

 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Es importante tener un tratamiento de nuestros derechos sociales que permita ir realizándolos progresivamente y hacerlos exigibles en tribunales de justicia. Superar el Principio de subsidariedad (en el que se busca que los privados - en primer término - lleven a cabo la actividad económica y el Estado intervenga únicamente cuando éstos no quieran o no la puedan llevar a cabo), pasando a tener una Constitución Solidaria, en donde el Estado tenga un rol mayor, sobretodo en lo que refiere a los derechos sociales.

Consagrar un Derecho a la Educación propiamente tal, que a su vez sea gratuita, de calidad, no sexista y que tome en consideración o respete distintas culturas, en miras de lograr una Educación Intercultural Bilingüe.

Consagrar realmente un Derecho a la Salud y su acceso, de forma amplia, holística e integral y no simplemente como la libertad de elegir el subsistema de salud (Isapre, Fonasa) al que se quiere optar. Que incluya un enfoque preventivo, curativo, rehabilitación, salud mental. Que permita el buen vivir, condiciones de una vida digna y el derecho a una muerte digna.

El Derecho a Vivienda Digna, de buena calidad, con acceso garantizado a servicios básicos, incluyendo tecnologías digitales.

Un Derecho al Trabajo que se adecúe a desafíos de automatización y pérdida de empleos por crisis climática. Debe contemplarse derecho a huelga, sindicalización, negociación colectiva por rama.

La Previsión Social debe ser capaz de generar universalmente pensiones dignas, suficientes y que aseguren un buen vivir, entendiendo que la solidaridad en las cotizaciones es fundamental para lograr este objetivo.

Incluir el Derecho a Migrar, asegurando acceso y protección de derechos humanos de los migrantes, procurando eliminar toda forma de discriminación.

El Estado debe promover Derechos Culturales, impulsando el derecho a desarrollar actividades culturales y artísticas, a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural y cohesión social, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Debe recogerse el derecho a la Protesta Social, a movilizarse, a marchar, el cual sólo podrá ser regulado por ley y no limitado a través de decreto como sucede actualmente.

 

Mujeres, Infancia y Adolescencia, Derechos Sexuales y Reproductivos, Discapacidad

Reconocimiento Constitucional de grupos históricamente excluidos, tales como las mujeres, procurando la promoción de la igualdad efectiva de género, incluyendo la igualdad salarial, y la no discriminación arbitraria.

Niños, Niñas y Adolescentes como sujeto de derechos, procurando el libre desarrollo de su personalidad e identidad, con participación en asuntos de interés público, reduciendo edad mínima para votar.

Derechos Sexuales y Reproductivos, tales como, aborto gratuito y seguro, información, educación sexual integral, en miras de lograr el desarrollo integral e igualitario de todas las personas y grupos sociales, procurando eliminar todas las formas de discriminación, que obstaculicen la libre elección de la identidad, orientación sexual y planificación familiar.

Personas con discapacidad tienen derecho a desarrollar su vida de forma independiente y con autonomía, recibiendo educación inclusiva, acceso a la transmisión de la información pública y reconocimiento constitucional del lenguaje de señas.

 

Principio de No Regresividad

Este principio señala que está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Es importante que los avances en materia de derechos no sufran retrocesos, sobretodo si buscamos la realización progresiva de todos ellos hasta garantizarlos de manera gratuita y universal.

 

Reconocimiento Constitucional Tratados Internacionales y su Jerarquía

La nueva Constitución podría poner fin a un largo debate respecto a cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. Es necesario darle al menos una jerarquía o valor constitucional, a los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos.

 

Defensor del Pueblo

Un organismo colegiado y paritario que agrupe conjunto de atribuciones que hoy se encuentran en diversas instituciones (INDH, Defensora de la Niñez, Mecanismo de Prevención contra la Tortura), que pueda defender con amplias competencias a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que promueva la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, y tenga capacidad para presentar iniciativa de ley. Dentro de este organismo deberá incluirse una Defensoría de la Naturaleza.

CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA

 

Una democracia participativa estimula a las personas a intervenir en las distintas esferas y niveles de los asuntos públicos. Por Constitución Participativa, me refiero a una en donde realmente se consagren mecanismos de Participación Ciudadana Vinculante (democracia directa), tales como Iniciativa Popular de Leyes, Referéndum Revocatorios y Mecanismos de derogación de Leyes. Para ello, se puede imitar el modelo Suizo que permite a los ciudadanos juntar una cantidad determinada de firmas para proponer cambios legales y vetar decisiones de nuestros políticos, generando plebiscitos vinculantes. De esta manera, nos acercaríamos al ideal de que nuestras leyes realmente sean expresión de la voluntad de los ciudadanos.

 

Asimismo, para tener una Constitución participativa debe avanzarse hacia una mayor descentralización, autonomía, poniendo fin al sistema hiper-presidencialista que tenemos (donde incluso son inconstitucionales proyectos de ley que son de iniciativa exclusiva del presidente), cambiar a un Congreso Unicameral, y avanzar hacia una Organización Territorial que distribuya equitativamente bienes y cargas ambientales, los recursos naturales y sociales (incluyendo su acceso y repartición de sus beneficios), para satisfacer las necesidades básicas de las personas.

 

Esta Organización Territorial deberá considerar a los ecosistemas y número de cuencas. Gobiernos Regionales no pueden ser una mera delegación del gobierno central, sino que deben tener capacidad de administrar recursos y tomar decisiones políticas en cuanto a su desarrollo. Quienes están más cerca de localidades, entienden mejor las problemáticas locales y valoran más lo que en ellos sucede. Debe reformarse y democratizarse el Sistema de designación de altas autoridades, jueces y autoridades locales. Mantener agencias y cargos independientes, cuya designación no dependa del Presidente o gobierno de turno, incluyendo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Los Planes de Ordenamiento Regional y Comunales, deben ser ampliamente debatidos con participación ciudadana, en donde pueda determinarse qué actividades y en qué lugares se pueden realizar (por ejemplo determinar zonas para salmonicultura, desarrollo forestal, turístico, etc).

 

De esta manera, debemos configurar un Estado descentralizado, con una visión global pero con respuestas locales, incluyendo a la ciudadanía en la toma de decisiones, y dando espacio a comunidades territoriales y organizaciones horizontales de la sociedad civil. No vamos a ser capaces de garantizar los derechos más fundamentales, vitales y básicos que poseemos, si seguimos teniendo un esquema de organización social en donde cada uno persigue únicamente su interés particular. El Estado debe ser capaz de satisfacer las necesidades sociales, superar el individualismo y transitar hacia una ética o visión solidaria.

 

UNA CONSTITUCIÓN MEJOR

 

En definitiva, debe transitarse hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, Plurinacional, respetuoso de Derechos Humanos, que garantice derechos sociales de forma adecuada y vele por su acceso, gratuidad e universalidad, que supere el centralismo e hiperpresidencialismo actual, dando más espacios de autonomía territorial. Junto con una democracia con más espacios de participación ciudadana vinculantes, tales como iniciativa popular de ley, referéndum revocatorio, referéndum derogatorio, etc, que se acerque al ideal de una democracia directa donde participemos de toma de decisiones y donde las leyes sean reflejo de la expresión de la voluntad de la ciudadanía. Todo ello permitirá alcanzar un modelo de desarrollo que sea sostenible, respetuoso de derechos, de la ciudadanía y sus prioridades, de diversidad de formas de vida, cosmovisiones y por supuesto del medioambiente.